¿Sabremos?

Cuanto tiempo Paco!!!

Pues sí, Manolo. Tras todo lo acontecido necesitamos tiempo para nosotros, para no acabar saturados...

Evidentemente, Paquito. Pero eso no quita para poder continuar debatiendo, cuestionándonos, aprendiendo.

Y para eso os transcribo este reportaje, aparecido hoy El País. Espero que lo sepamos compartir, que abandonemos la batalla dialéctica y nos dediquemos a lo primordial: hablar sobre el reportaje, compartir opiniones y puntos de vista.

¿Sabremos?


REPORTAJE: MENORES EN CONFLICTO
Convivencias al límite
Unos 800 menores se encuentran internados en diversos centros españoles dedicados a trastornos graves de conducta, donde chocan con educadores sometidos al estrés de un trabajo difícil, pobremente pagado y puesto en entredicho por el Defensor del Pueblo

Vecinos de Azuqueca de Henares (Guadalajara) evocan, con cierto espanto, los años en que los chavales del centro de protección de menores Casa Joven Juan Carlos I montaban unas broncas de campeonato. "Uno de ellos, con un hierro en la mano, llegó a enfrentarse a la Guardia Civil. Lo vi yo con estos ojos", subraya el septuagenario Pedro en una calle cercana. El adolescente desafió a la autoridad: "Venga, venid a por mí si tenéis cojones, hijos de puta". Corrían otros tiempos y otras circunstancias en Casa Joven, a 48 kilómetros de Madrid, uno de los centros fustigados por el Defensor del Pueblo en su informe sobre 27 de los 58 centros de trastornos de conducta graves abiertos en España.

Las conclusiones más impactantes, aquellas relacionadas con la abusiva administración de tranquilizantes, los prolongados aislamientos o las brutales inmovilizaciones, causaron alarma social. Los procedimientos punitivos se llevaron todos los titulares. "¿Te ocurrió algo malo?", preguntó una cadena de televisión a un joven interesado en intervenir telefónicamente en un programa. "No, a mí me fue bien", respondió. "Perdona, pero entonces (su testimonio) no interesa", le respondieron desde el equipo de producción.

Durante una reciente comparecencia ante la Comisión Mixta Congreso-Senado, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, admitió no poder "salir al paso de los innumerables titulares que no coinciden íntegramente con nuestras afirmaciones". Ciertamente fue imposible limitar una onda expansiva. La zozobra social era entendible, pues gente relacionada con los menores, o los mismos chavales en prensa o foros de Internet, denunciaron perrerías: encerrados a capricho, castigados a caminatas de tres o cuatros horas descalzos, a limpiar suelos de 7.30 a once de la noche, atiborrados a pastillas, o atados a una silla con cinta aislante, a la intemperie, fuera verano o invierno.

La Fiscalía General ordenó diligencias procesales y numerosos profesionales cayeron en el desánimo o en la indignación, pues pagaron justos por pecadores al verse todos en la picota pública, como presuntos culpables, sin apenas atenuantes. Al inmerecido descrédito se suma un trabajo nada fácil, mileurista y no exento de riesgos físicos. Casi todas las personas consultadas, entre ellas dos educadoras agredidas, una con las cicatrices de dos mordeduras en la muñeca y la otra con el ojo morado por un puñetazo, recibieron llamadas de sus allegados con un estado de opinión generalizado: "¿Los atáis a la cama? ¿Los encerráis? Pero ¿qué les estáis haciendo?". Excepto las ovejas negras, los capataces más proclives al palo que a la persuasiva paciencia, la tarea de los verdaderos educadores es encarrilar y levantar la autoestima de los menores, habitualmente a ras de suelo.

El proceso hacia esa meta es tortuoso porque se trata de chavales con patologías diversas, que rechazan cualquier tipo de actividad y normas porque, en muchos casos, no hubo quien se las pusiera. Paralelamente, niños con problemas psiquiátricos conviven con otros aquejados por trastornos de conducta, amén de no existir en España una titulación en psiquiatría infantil. Lo cierto es que insultan y agreden a compañeros y educadores; "pero no pasa nada, es nuestro trabajo diario, que, a pesar de ser muy duro, merece la pena desempeñar si conseguimos que modifiquen alguna de estas conductas", señala Roberto Barrado, educador de Casa Joven, con 10 años de experiencia. El grado de agitación puede ser extremo, y entonces lanzan mesas y sillas contra lo primero que pillan; rompen cristales, puertas y ventanas; destrozan persianas, luces y enchufes, y mastican y tragan el tóxico contenido en las pilas del mando a distancia del televisor tratando de autolesionarse.

José Chamizo, Defensor del Menor de Andalucía, indica que cuando el equipo de Enrique Múgica dice lo que dice, algo habrá; pero conviene distinguir bien entre las constataciones de sus asesores en las visitas y las afirmaciones de los internados. No pocos denunciaron medicaciones a la fuerza, "pero resulta que igual el médico les prescribió medicación". Y ha surgido un nuevo perfil de adolescente trastornado: no procede de barrios marginales, sino de familias convencionales. "Tienen padres responsables que no pueden con el hijo, pero no quieren desampararlos. Hemos pedido que haya plazas para tratar a estos chicos".

La figura legal del desamparo, la renuncia temporal a la patria potestad, es necesaria para que la Junta de Andalucía se haga cargo de ellos. Carmen Belinchón, directora general de Infancia y Familias, dice que probablemente requieren "una intervención distinta, aunque cada centro y cada profesional deben asumir sus responsabilidades. Distinto es que igual tengamos que contemplar una nueva reglamentación para que no exista la actual alarma".

El mundo del menor tutelado es complejo, turbulento, sujeto a la diaria batalla entre los equipos de educadores, psicólogos y psiquiatras encargados de su integración y los cerca de 12.000 chavales protegidos por las autonomías en pisos asistidos, centros de acogida y de residencia básica.

Los más rebeldes, inadaptados o enfermos suman 800, alojados en los centros dedicados a trastornos graves de conducta. La Administración paga por su cuidado una media de 3.810 euros mensuales. Las cifras son aproximadas y cambiantes debido a la diversidad de conteos y registros, y al paso que a veces se produce desde pisos tutelados a centros de trastornos graves, según las circunstancias.

El caso es que los nuevos internos llegan de familias de clase media que no han podido inocular a sus hijos la cultura de la responsabilidad y el esfuerzo, según constata la psicoterapeuta Teresa Pont, autora de Profiling, el acto criminal. "Se les intenta hacer las cosas lo más fáciles posible, no se les enseña autocontrol, apenas se les dice que no", dice, tratando de explicarse las causas.

El revuelo causado por el informe del Defensor del Pueblo ha dolido mucho a los trabajadores de Casa Joven. La entrevista con la directora, el subdirector, el psicólogo, los educadores y la cocinera dominicana del establecimiento terapéutico se desarrolla en la cafetería de un hotel próximo, porque la Junta de Castilla-La Mancha denegó a este periódico la entrada en las instalaciones del centro de menores. "Tenga en cuenta que son niños o adolescentes tutelados", alegó un portavoz. Los profesionales decidieron reunirse con el periodista para defender su trabajo, explicarlo y puntualizar, o rechazar, juicios que creen descontextualizados o maliciosos, emitidos desde el resentimiento de "unos educadores despedidos", según afirman, por negligencia en el incumplimiento de las pautas educativas.

"El informe está fuera de contexto y contiene bastantes incongruencias cuando habla de Casa Joven", subraya Rocío Villafranca, su directora. Entre otras, cita ésta: en la página 142 constata "la satisfacción de los menores con la atención prestada en el centro", y en la 370, lo contrario: "Se muestran muy descontentos, transmiten su descontento por el abuso de autoridad, denuncian exceso de sanciones y contenciones".

Los desquiciamientos juveniles difícilmente admiten paños calientes. "Que me diga el Defensor del Pueblo qué quiere que hagamos cuando un chaval de 17 años, con un cuerpo enorme, con la adrenalina a tope, quiere agredir a un compañero o a un educador", indica Gabriel, un fornido educador. "Tú le dices: 'Oye, no puedes hacer eso, no puedes hacer eso', y él sigue adelante. No te queda otra opción que inmovilizarlo, puntualmente, en el suelo, para que reflexione. Para mí que el Defensor ha mezclado cosas de antes, de hace muchos años, cuando esto era un campo de batalla".

Empero, la pregunta de Enrique Múgica parece pertinente: "¿Son violentos los adolescentes y por eso se les aplican métodos agresivos, o bien porque se les aplican reglamentos rigurosos agresivos e inapropiados que ninguna persona soportaría, los adolescentes pierden los estribos y el respeto al tratamiento?" La Junta de Andalucía entendió mejor las dudas de la sociedad y facilitó a este periódico el acceso a un centro de trastornos graves; eso sí, sin permitir de ningún modo que el periodista pudiera hablar con los menores.

El centro visitado ha sido La Casa, en Purchena (Almería). Es espacioso, vitalista en su diseño. "Aquí les inculcamos unos valores que ellos todavía no conocen. Y no es fácil. Pero se carga uno una mochila de empatía, con una plantilla preparada como la nuestra, y ellos responden bien", subraya José Luis Campoy, director del centro andaluz, situado a cien kilómetros de Almería, en plena naturaleza.

El centro funciona con una economía de fichas: los chicos, si cumplen, suman puntos y premios, y si no cumplen, pierden puntos y pierden cosas. Por ejemplo, la tele en la habitación. Las actividades arrancan a las 7.15. Estudio, descanso, deportes, excursiones o cine los domingos, y a medianoche deben estar apagados los móviles, los MP3 o la PlayStation autorizados por la dirección.

"Buscamos que los chavales estén ocupados la mayor parte del tiempo. Se les dan todas las facilidades para formarse", asegura Campoy, con 15 menores y 19 educadores a su cargo. Las charlas sobre habilidades sociales, control de impulsos o drogodependencia y el trabajo psicológico son fundamentales en el programa educativo de la mayoría de los centros controlados por las autonomías.

El defensor del menor de Madrid, Arturo Canalda, rechaza las simplificaciones. "Cuando aparece la noticia de que un centro de menores tiene rejas en las ventanas, ¿se pretende que sea una cárcel o simplemente las han puesto porque ha habido niños que se han querido tirar? Pero eso no ha salido", dice. "Quizá sería bueno establecer un reglamento de régimen interior común para este tipo de centro. Es decir, que las situaciones similares se traten de manera similar. Por ejemplo, en las medidas de contención". Esta conversación entre un inspector y un adolescente contenido es reveladora.

-Estos cabrones (los educadores) me están puteando.

-¿Y eso?

-Pues un guardia de seguridad me tiró al suelo y me puso las rodillas encima de la espalda.

-¿Y por qué te trató así?

-Es que le había pegado dos hostias al educador.

No obstante, la impulsividad del trastornado es más tolerable que la irresponsabilidad del empleado de seguridad de Picón de Jarama (Paracuellos) que redujo a un chaval, causándole un traumatismo craneal, con dos golpetazos de la barra de detección de metales.

"El momento más delicado es cuando entran", dice Sergio, director del centro de chicas Afanas, en la bahía de Cádiz. "Me pongo en la piel de ellas. Llegan a un sitio nuevo, no conocen a nadie". Ese día les dan un recibimiento cálido. "Todas necesitan cariño, mucho cariño, y hablar mucho con ellas, porque hay familias que apenas les prestan atención. Y a veces su forma de exteriorizar la tristeza es la violencia. No han recibido una socialización adecuada".

Bien lo sabe Irene, de Casa Joven, con las cicatrices de dos dentelladas en la muñeca. Aunque a veces sobrevenga el abatimiento, sigue adelante porque cree en el proyecto. "Es muy fuerte lo que se ha estado diciendo. Tal como está redactado el informe, parece que cuando el niño te dice que no, le tiras al suelo, le atas y le pegas", dice. "No, por favor. Las cosas no son así. Nosotros establecemos lazos afectivos con los chicos y queremos que se reintegren en la sociedad. Nuestro trabajo es vocacional".

¿Y qué movió al Defensor del Pueblo a inspeccionar los centros de menores? Enrique Múgica dijo en una entrevista con este periódico que "todo empezó cuando un grupo de educadores vino aquí a contar lo que estaba pasando en su centro porque se habían compadecido de los niños". Dos de ellos trabajaron en Casa Joven. "Es muy poco ético que esperasen dos años después de estar trabajando aquí para denunciar las irregularidades a las que se refieren y no lo hubieran hecho antes", lamentan sus ex compañeros. "De hecho, querían seguir trabajando aquí, y cuando fueron despedidos empezaron su lucha frenética contra la Fundación O'Belén (que gestiona Casa Joven y otros centros) mandando informes a las instituciones". Fueron despedidos "por no desempeñar correctamente su labor de educador", aseguran los que fueron sus compañeros. "Yo he trabajado con los dos educadores que salieron en televisión (Ricardo y Daniel) y no te dicen, por ejemplo, que le dejaron subir un televisor a su habitación a un chico con graves problemas de agresividad", subraya Gabriel. "Un televisor con un cristal así de gordo a un menor que constantemente rompía cosas y que lanzó ese televisor contra un educador. Eso no lo comentan". A los ex educadores que acudieron al Defensor del Pueblo, sus ex compañeros les imputan no haber actuado coordinadamente con el equipo educativo de Casa Joven, restando eficacia y fuerza a las instrucciones.

En el centro andaluz de Purchena no tienen ese problema. "Mamá, aquí no puedo (esquivar el reglamento del centro) porque éstos están unidos", comentaba a su madre un chaval internado en La Casa, según dicen sus empleados. "No somos sus amigos, no podemos serlo porque somos sus educadores. Ésa es nuestra función". Piensan que los chavales lo ven de otra manera: buscan amiguetes para tratar de ganarse un trato preferente.

Casa Joven y otros centros no niegan que haya chavales con malos recuerdos porque fueron internados contra su voluntad, pero están seguros de su agradecimiento, porque así se lo han hecho saber. La directora de Infancia y Familias de la Junta de Andalucía, Carmen Belinchón, insta a "sentarnos todos para hablar sobre los adolescentes y establecer los límites"; y el Defensor del Menor, a la renuncia de los castigos personales, del maltrato psíquico y de las humillaciones que atentan contra la dignidad de los menores.